Este reportaje fue publicado por el semanario de la Ciudad de México, Eje Central y firmado por su editora en jefe, María Idalia Gómez, quien autorizó su publicación en Infosavia.
Comenzó hace casi cuatro años como un simple rastreo de dinero ilícito, posiblemente de drogas, pero al paso del tiempo, lo que descubrieron los agentes estadounidenses fue no sólo dinero de grupos criminales de una decena de países, sino una compleja red que lava dinero producto de actos corruptos que vincula a políticos, funcionarios, guerrilleros, empresarios y mafias internacionales de más de una decena de países, incluido México.
Pero eso no es todo. También una parte de los recursos se están utilizando para financiar lo que algunos llaman la revolución bolivariana y posiblemente el terrorismo internacional.
Todo esto ocurre en un solo país: Puerto Rico. En esta isla caribeña el dinero detectado circula en el sistema bancario legal, donde estarían participando mafias rusas y rumanas; así como grupos terroristas que están lavando su dinero para destinarlo a operaciones en América Latina.
Esta es una trama tan compleja y tan grande que involucra operaciones geopolíticas de gran envergadura y que los organismos estadounidenses han colocado en sus prioridades de seguridad nacional, porque consideran que no sólo está siendo la coladera para ingresar millones de dólares a su sistema financiero, sino que existiría toda una intención de desestabilizar la región.
En medio de esta red ha quedado atrapado México, en especial los funcionarios de la 4T.
Se ha descubierto que están implicadas tantas personas y entidades financieras, funcionarios de gobiernos y exfuncionarios de Venezuela, Nicaragua, Colombia, República Dominicana, Rusia, Rumania, Irán y México, principalmente, que los investigadores de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) y la agencia de Alcohol Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) ya expandieron sus operaciones de inteligencia e investigación en Puerto Rico que comenzaron desde 2019, y lo hacen al margen de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), porque desconfían de sus agentes.
La ruta que llega a México, de acuerdo con toda la información recabada en exclusiva por esta reportera, no sólo involucra a grupos criminales que están lavando dinero, las oficinas estadounidenses tienen un listado de funcionarios y exfuncionarios que mantienen bajo investigación y que han participado en operaciones irregulares y que están investigando, especialmente de la Cancillería.
De las operaciones irregulares de mexicanos en la isla y los riesgos que representa Venezuela para el país, funcionarios de la Cancillería lo han advertido al gobierno federal, de acuerdo con documentos en poder de esta reportera.
De ello se enteró la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues vigila los correos de los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ha hecho sus propios análisis, revelan diferentes que aparecen en #GuacamayaLeaks.
Lo que no sabe el gobierno lopezobradorista es que los agentes estadounidenses descubrieron dos cosas más: las verdaderas operaciones que realizan algunos de los vuelos de las empresas venezolanas que transitan por México y por todo el continente hasta Irán.
Esta es la historia de las operaciones llamadas: “Calle 13” y “Criollos de Caguas”, que pretenden desmantelar las estructuras financieras off shore montadas en Puerto Rico.
Ser banquero es fácil Puerto Rico, referente del tabaco, ron, beisbol y reggaetón, es esa isla paradisíaca del Caribe de tan sólo 9 mil kilómetros cuadrados y con poco más de 3 millones de habitantes. Y es allí que hay al menos 87 instituciones bancarias y financieras, de acuerdo a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF).
Y podrían crearse muchas más, pues por ahora es fácil y barato obtener una “licencia bancaria internacional”.
De acuerdo con la Ley 273, cualquier extranjero puede solicitarla comenzando con 5 mil dólares y cumplir los requisitos de la “Ley de Secreto Bancario”, que pide tener solvencia económica y buenos antecedentes, entre otros elementos.
Una vez aprobado establecer un banco o cualquier otra Entidad Financiera Internacional, sólo requerirá un mínimo de 550 mil dólares; cuando en otros países de la región se requiere un capital mínimo de entre uno y cinco millones de dólares. A las instituciones tradicionales se suman otro tipo de entidades financieras que prestan una serie de servicios, incluidas las criptomonedas.
A pesar de que el sistema financiero está ligado directamente al estadounidense, al ser un estado libre asociado de la Unión Americana, cuenta con su propia legislación bancaria y no está sujeta a los mecanismos estrictos de supervisión y control que existe sobre la banca estadounidense.
Los primeros resultados de las operaciones “Criollos de Caguas” y “Calle 13”, tiene dos objetivos, por un lado la OCIF y el otro blanco un ciudadano de origen pakistaní de nombre Fahad Ghaffar, dueño del hotel y casino La Concha, un lugar de moda para la farándula y deportistas.
También han descubierto que hay cuatro destinos turísticos del Caribe implicados en este entramado de corrupción y lavado de dinero: San Juan, Puerto Rico; Punta Cana, República Dominicana; Los Roques, Venezuela, y Cancún, México.
A estos lugares se suman operaciones desde Colombia, Belice, Nicaragua, Brasil y Panamá. A toda esta red le han denominado los estadounidenses el Cártel del Caribe.
Un mexicano de origen venezolano
Las investigaciones contra el empresario americano de origen paquistaní Fahad Ghaffar llevan varios años.
En sus resorts y agencias de autos, el FBI identificó un sistema para disfrazar pérdidas y darle valor agregado a dinero de procedencia sospechosa. La operación es sencilla, sostienen los agentes, se trata de un procedimiento de reventa de vehículos de alta gama y de la simulación de pérdidas cuantiosas de jugadores en los casinos.
El empresario estadounidense de origen paquistaní se asoció con el casino y con un banco denominado FaceBank, que se puso en la mira de las oficinas estadounidenses, porque ha tenido un vertiginoso ascenso en los últimos años.
Y es precisamente este banco que ha crecido exponencialmente en su número de clientes, la mayoría de América Latina, a través del uso de las Fintech y sus sucursales virtuales; en esta parte de la indagatoria es que comenzaron a saltar nombres de mexicanos, tanto de sospechosos de estar vinculados con cárteles; o con empresarios y funcionarios o exfuncionarios federales y estatales.
Al identificar el crecimiento de la población mexicana en Puerto Rico, que ha pasado a ser la segunda más grande en la isla después de la migración cubana, con casi 12 mil mexicanos viviendo permanentemente en San Juan y Ponce, los agentes del Departamento de Seguridad Interior estadounidense también identificaron que el turismo mexicano a los casinos puertorriqueños se ha puesto de moda en los últimos años, pero extrañamente estarían perdiendo cientos de millones de dólares anuales.
En las investigaciones comenzó a documentarse cómo se trataba en realidad de un proceso sistemático ideado para legalizar el dinero que llega desde Venezuela utilizando cuentas abiertas sin controles por internet, que se retira en Puerto Rico para premeditadamente ingresar a las ganancias de los casinos.
Así que las autoridades centraron una de las líneas de la investigación en el casino La Concha, propiedad de Fahad Ghaffar, que estaría trabajando en el blanqueo de capitales con personajes ligados a un cártel mexicano, de acuerdo con los documentos.
En los materiales que permitió revisar el hackeo a documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), #GuacamayaLeaks, aparece un oficio fechado el 31 de enero de 2022, con el número BE256, informando sobre The Belize Bank Limited, y firmado por un coronel desde Belice sobre un personaje llamado Jorge Luis Brizuela Guevara a quien señalan de haber “conformado una estructura” a través de varios bancos desde Belice hacia Puerto Rico
“Las transferencias se realizan desde cuentas en dólares americanos o en Bitcoins, aperturadas en Belice o por cuentas aperturadas desde aplicaciones telefónicas de bancos en Puerto Rico por ciudadanos mexicanos, beliceños, guatemaltecos, colombianos y rumanos.
“Estas operaciones hechas aprovechando las FINTECH sirven para movilizar recursos de procedencia ilícita de las estructuras financieras de organizaciones criminales mexicanas”, señala el documento, que también menciona a grupos criminales hondureñas, colombianas y rumanas, radicadas en Belice y Guatemala.
Este documento fue enviado directamente a la oficina del secretario, el general Luis Crescencio Sandoval, y a la Sección Segunda del Ejército (inteligencia militar). Y de él tienen copia los investigadores estadounidenses, quienes testaron varios de los nombres, porque aún son blancos de investigación, en la que colabora México.
El oficio del militar mexicano concluye advirtiendo que “la fuente cerrada del banco The Belize Bank Limited” le ha informado una mujer procedente de Puerto Rico “en distintas ocasiones ha mantenido reuniones” con dos empresarios “en el hotel Ritz-Carlton del Mpio. Benito Juárez, Quintana Roo” y mencionó el nombre de un banquero puertorriqueño y de un “ciudadano americano de origen paquistaní”.
La investigación sobre Brizuela Guevara se mantiene abierta por parte de las agencias estadounidenses y mexicanas, pero ya han identificado que es una persona cercana a varios funcionarios en el país, algunos de ellos militares de alto rango.
Las agencias estadounidenses y la oficina de inteligencia militar mexicana confirmaron que Jorge Luis Brizuela es mexicano nacionalizado, pero es en realidad agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
La red venezolana vía México
Gran parte del dinero que está siendo rastreado por las agencias norteamericanas proviene de Venezuela, país que modificó sus disposiciones legales para recibir las divisas que dejó de captar por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos en la era Trump.
El gobierno chavista dejó de aplicar las leyes contra el lavado de dinero, y ahora cualquier extranjero puede llegar a ese país y hacer transacciones con criptomonedas o con dólares en efectivo, sin importar los montos.
El soporte legal de esta disposición es el Decreto 3.569, aprobado el 1 de agosto de 2018, por la Asamblea Nacional de Venezuela, en el que se derogó el régimen cambiario estatal y sus ilícitos.
La investigación estadounidense está documentando cómo un porcentaje de esos recursos se “limpia” en Venezuela “en el negocio de la importación de alimentos y bienes de consumo que no se producen” en el país. Pero una mayor parte de esos recursos se estaría enviando a bancos puertorriqueños, “a través de cuentas virtuales”.
La operación, de acuerdo a las agencias, muestra que los cárteles mexicanos utilizarían como prestanombres “a personas y empresas venezolanas para depositar recursos en esas instituciones bancarias puertorriqueñas como Facebank, Italbank y Sol Coop Bank, para después, hacer movimientos domésticos a otros estados de la Unión Americana o transferencias a otros países del mundo”.
Una de las fuentes aseguró a esta reportera que el 30 % de las transferencias anuales llevadas a cabo entre 2019 y 2022 desde Puerto Rico a otros estados de la Unión Americana “están sujetas a investigación”.
Guerrilla y dictaduras.
En estas operaciones “Criollos de Caguas” y “Calle 13”, los agentes estadounidenses se toparon con otro elemento que les obligó a abrir una nueva línea de investigación, el dinero de la guerrilla y de regímenes autoritarios de Latinoamérica, tras comenzar a revisar las operaciones de los bancos puertorriqueños Sol Coorp Bank y Facebank.
El Facebank ofrece “no tenemos fronteras ni límites y puedes contar con nosotros desde donde estés…”, y es real, porque opera sucursales virtuales para abrir cuentas de depósitos.
Pero sus bondades no sólo están en la virtualidad, sino que sólo se necesita una identificación oficial y para hacer el trámite a través de aplicaciones web.
No sólo prestanombres de funcionarios y empresarios venezolanos utilizan esta vía, también los grupos criminales mexicanos, como lo revelan los documentos de la Sedena.
Agentes del FBI también identifican a miembros del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, guerrilleros colombianos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sus disidencias y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), “estarían enviando millones de dólares, que después son retirados en territorio norteamericano”, sostuvo un agente.
De esta forma se puede saltar la prohibición estadounidense de hacer negocios con empresas venezolanas, porque en realidad se utiliza el sistema financiero puertorriqueño. La institución que estaría recibiendo el mayor volumen de recursos son las sucursales de Facebank en Venezuela, detallan los documentos.
La trama México-Venezuela
La red de vínculos de las operaciones “Criollos de Caguas” y “Calle 13”, se cruzó con otra investigación que seguía la CIA.
Se trata de los vuelos de las empresas venezolanas, financiadas por iraníes, a diferentes países latinoamericanos, Asia, Medio Oriente y hasta Rusia, que quedó al descubierto cuando se retuvo en el aeropuerto de Ezeiza, Argentina, a uno de esos vuelos.
En los documentos revelados por #GuacamayaLeaks se ubican algunos documentos de la Sedena vinculados a esta trama.
Uno de ellos indica que según los reportes de la Sección Segunda del Ejército, en 2019 y 2020 se incrementaron los vuelos de Querétaro a Caracas, tanto de carga como de pasajeros, y se tiene la sospecha de que podrían estar trasladando dólares en efectivo como parte de la carga.
Fue precisamente de Querétaro de donde voló, el 4 de julio de 2022, el avión Boeing 747 matrícula YV3531 de la empresa Emtrasur, aunque originalmente era de la iraní Mahan Air, que se encuentra en la lista de sancionadas como terroristas por el Departamento del Tesoro estadounidense, por ser considerado brazo económico de la Guardia Revolucionaria Islámica.
En uno de los documentos de GuacamayaLeaks, fechado el 7 de septiembre de 2022, con el número ES256, elaborado por el personal de Sedena en Venezuela y dirigido al secretario y la Sección Segunda, se reporta que la “Embajada de Israel señaló que en ese vuelo se movilizaba una fuerte cantidad de dinero en efectivo, componentes tecnológicos restringidos y un sistema de comunicaciones satelital adquirido ilegalmente”.
En el caso de esta aeronave, el gobierno estadounidense solicitó su incautación pero fueron liberadas la tripulación iraní y venezolana.
En otro documento del Ejército, fechado en junio de 2022, se asegura que la aeronave pasó todas las revisiones en el aeropuerto de Querétaro, incluso el del personal.
Y precisa: “Respecto al iraní Ghasemi Gholamreza Abbas FN: 22/11/1958, señalado en fuentes abiertas como un presunto miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, no se identifican alertas internacionales en su contra y el enlace operativo de TSC (Terrorist Screening Center) descartó su inscripción en lista de riesgos”. La aeronave hizo dos escalas antes de llegar a Ezeiza, en territorio venezolano y paraguayo.
En las pesquisas apareció un dato adicional y que ya forma parte del expediente legal que será presentado en las cortes estadounidenses, y es que hay funcionarios de la Cancillería mexicana al tanto del traslado de fuertes sumas de dólares a Venezuela, no sólo de carteles mexicanos sino de vuelos provenientes de Irán.
También se incluyen los viajes que con pasaporte diplomático realiza Nicolás “Nicolasito” Maduro, hijo del presidente de la República Bolivariana, para enviar a México, –con la protección de la valija diplomática–, lingotes de oro que estaría vendiendo a la delincuencia organizada mexicana.
Esta operación sería presuntamente para financiar al gobierno de su padre y burlar las sanciones de Estados Unidos.
Parte de ese dinero se estaría legalizando también desde Puerto Rico como “seguro de protección” de la familia gobernante chavista.
El FBI descubrió que el modelo se estaría replicando en el caso de la familia del general Daniel Ortega, en Nicaragua, pero también por parte de las guerrillas en Colombia, el ELN y las FARC.
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