Por Tomás Di Bella
En esta sociedad moderna en que vivimos. En este país de tantas y variadas culturas, de antecedentes libertarios y de tradición por defender los derechos humanos, a veces damos por hecho todos los logros que a través de luchas civiles y movimientos sociales nuestra generación y las generaciones anteriores han alcanzado.
Así, damos por hecho que nacemos libres en un país soberano e independiente, con una constitución y leyes humanistas que nos protegen y nos respaldan. Pero este dar por hecho no implica que no tengamos la responsabilidad de defender y mantener vigente ese derecho. Es decir, nuestra soberanía constantemente se ve desequilibrada por la injerencia de opinión y económica de países más poderosos, con más poderío militar, con más influencia en los foros internacionales, y además dueños de los satélites más sofisticados, con más poder de veto. Porque la soberanía no sólo puede ser agredida territorialmente, sino que puede ser lesionada mediante tratados de comercio injustos y abusivos, mediante forzamiento de aranceles ventajosos hacia los países que hacen presión, mediante la imposición de semillas para cultivo; el caso de Monsanto es un ejemplo claro al tratar de imponer el maíz de su marca en los campos de México, o la limitación en políticas migratorias de exclusión y exterminio.
Las libertades conquistadas pueden ser las libertades olvidadas. Estas viven en un equilibrio endeble, respiran en una atmósfera que cada vez se enrarece más, y a veces se quedan en el baúl del olvido o en el piso de la ignorancia. Los derechos y las libertades deben ejercerse cotidianamente y ser un recordatorio diario de que están bajo fuerzas opuestas; es decir, bajo contradicciones evidentes de poder: por un lado los que tienen el poderío económico, político y cultural y los medios para transmitirlos y convencer y que ejercen su libertad de gobierno y sus métodos de planeación y reparto personal, y por el otro, las sociedades civiles, los organismos fuera del gobierno pero con poder de discusión y de intervención para atemperar los excesos, las limitaciones y los olvidos voluntarios e involuntarios de responsabilidades como funcionarios.
La libertad de expresión es una de las más cacareadas, la que tanto el gobierno como los opinadores mayormente utilizan para presumir de que existe en plenitud y sin reservas. De que en este país, en sus estados y en todas sus regiones se puede decir lo que se quiera y lo que se piensa, por más disidente que sea, por más contraria que sea la opinión. Pero ello sucede porque el ciudadano común casi no tiene acceso a los foros, a los medios de comunicación, excepto como ejemplo de ser beneficiado, de haber recibido los beneplácitos de las políticas gubernamentales, por haberse ganado el privilegio de sonreír con agradecimiento la dádiva que le tocó en suerte.
La libertad de expresión es a mi entender– la fuerza de la expresión. Es decir, esta libertad se ejerce haciendo un análisis serio, sistemático y crítico del medio en que socializamos, del medio donde trabajamos y donde establecemos una lucha cotidiana por mantener la dignidad de la vida y de nuestras relaciones laborales. La libertad se practica no sólo hablando lo que pensamos, sino que tenemos el deber de pensar antes de ejercer esa libertad expresiva. La libertad de expresión debe ser un instrumento y un arma para combatir la intolerancia ante la diferencia de visiones del mundo; ante las limitaciones que impone la velada amenaza en el trabajo; la imposición autoritaria de los padres sobre los hijos, los patrones sobre los empleados, el Estado sobre los ciudadanos.
“Nada es sagrado. Todo el mundo tiene derecho a criticar, a burlarse, a ridiculizar todas las religiones, todas las ideologías, todos los sistemas conceptuales, todos los pensamientos. Tenemos derecho a poner a parir a todos los dioses, mesías, profetas, papas, popes, rabinos, imanes, bonzos, pastores, gurús, así como a los jefes de Estado, los reyes, los caudillos de todo tipo” (Fernando Savater).
