Por Carlos Alberto Gutiérrez Aguilar*
Este viernes 5 de mayo, periodistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil hicieron público un comunicado en el que rechazan que instituciones gubernamentales puedan hacerse cargo de las funciones que desempeña el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), tal como pretenden el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena (ARTICLE 19 MX-CA, 2023).
La polémica se ha presentado a lo largo de varias semanas en la opinión pública nacional. Simultáneamente y durante poco más de un mes, el INAI se ha visto impedido de sesionar, pues carece del mínimo de comisionados necesarios para hacerlo legalmente; por su parte, los senadores han estado incumpliendo con su deber de nombrar a los comisionados faltantes.
Lejos de ser mera grilla, este asunto es de una gran importancia para toda la ciudadanía, pues la paralización del mencionado organismo impide que el derecho a la información pueda salvaguardarse y, con ello, se perjudica el desarrollo político de nuestro país.
El derecho humano a la información posee el carácter de fundamental; López (2010) lo define como “la garantía que tienen las personas de conocer de manera activa –es decir, investigando– o pasiva –recibiendo– las ideas, opiniones, hechos o datos que se producen en la sociedad y que les permiten formarse su opinión dentro de la pluralidad, diversidad y tolerancia que supone una sociedad democrática”.
En México este derecho empezó a vislumbrarse en las dos últimas décadas del siglo pasado, tanto por la exigencia ciudadana como por la necesidad del régimen de adaptarse a los nuevos tiempos y sobrevivir. Se le agregó al artículo sexto de la Constitución en 1977, pero no fue hasta 2002 cuando se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, producto de la cual se creó, el mismo año, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI, convertido después en INAI). Para 2007 ya se había legislado en esa materia en todas las entidades federativas (López, 2010).
El antecedente más remoto del derecho a la información es la Freedom of Press and the Right of Access to Public Records Act, promulgada en Suecia en 1766 (Fernández, 2016). Casi dos siglos más tarde, en 1948, fue consignado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Posteriormente, en 1981, lo incorporaron por separado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Islas, 2021).
Para apreciar su importancia a cabalidad, consideremos que su ejercicio es uno de los requisitos que hacen posible la participación ciudadana (condición que se presenta en toda nación en la que los gobernantes rinden cuentas de su actuar), pues contar con información permite conocer “los programas de gobierno, y la sociedad ejerce sus derechos de escrutinio y evaluación del desempeño de los servicios públicos y sus resultados” (Serrano, 2015).
Sin embargo, en nuestro país nos falta aún mucho por recorrer para que la ciudadanía tenga conciencia sobre este derecho. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Percepción Ciudadana 2019, solo el 2.8% de las personas entrevistadas mencionó el referido a la información al preguntárseles cuáles derechos tenemos los mexicanos. Y cuando se les presentó una relación de derechos constitucionales, el 19% manifestó no haber escuchado nunca sobre él.
No obstante, en el mismo estudio se menciona que el 91% de los entrevistados consideró que en nuestro país los ciudadanos sí debemos “tener acceso a la información pública de cualquier organismo que maneje recursos públicos” (Parámetro, 2019). Pero en la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID), publicada el mismo año, se registra que solo el 72.3% de las personas que respondieron a su cuestionario consideraron que “todos” podemos acceder a la información oficial (INEGI, 2019).
Recordemos, sin embargo, que este derecho es más amplio que tener la posibilidad de saber cómo cumplen y han cumplido con sus funciones las autoridades y los servidores públicos. Como ya se anotó, implica todas “las ideas, opiniones, hechos o datos que se producen en la sociedad” (López, 2010). Y para hacerlo efectivo debe intervenir también el sistema educativo, desde los planteles escolares y las bibliotecas.
En el plan de estudios 2017 –que continuará vigente todavía por unos años más, al menos en el nivel de primaria– se asienta: “En la sociedad del saber, la comunicación de la información y el conocimiento ocurren desde distintos ámbitos de la vida social, pero corresponde al ámbito educativo garantizar su ordenamiento crítico, su uso ético y asegurar que las personas cuenten con acceso equitativo al conocimiento y con las capacidades para disfrutar de sus beneficios, al permitirles desarrollar las prácticas del pensamiento indispensables para procesar la información, crear nueva información y las actitudes compatibles con la responsabilidad personal y social” (SEP, 2017).
¿Cómo se puede asegurar lo anterior para todas las personas? Educando en la localización, evaluación, selección, comprensión de la información en todos los géneros y formatos y guiando a los estudiantes para que, con la información obtenida, produzcan sus propios aprendizajes. En este proceso tienen tareas que desarrollar tanto las clases de lengua como el resto de las asignaturas de los planes de estudio. Las bibliotecas (públicas, escolares, académicas) se enfrentan igualmente ante una gran responsabilidad en la alfabetización informacional de sus usuarios.
Pero al propio INAI también le queda responsabilidad en este sentido. Bravo (2023) señala: “es evidente que falta una mayor difusión del derecho a la información, la transparencia y la protección de datos personales. Esa es una asignatura pendiente del INAI, que lo tiene sin el suficiente respaldo ciudadano a su función social”.
Lo más importante, pues, no debe ser este organismo. sino el propio derecho a la información. Nos encontramos en un momento crucial, en el que se está trazando –a jalones y estirones y con no pocos errores por parte del oficialismo– una ruta que nos puede llevar a un México diferente al actual. Para ello, será imprescindible estar informados.
* Profesor especializado en Literatura y Lingüística por la UABC y divulgador de la historia local. Maestro bibliotecario. Correo electrónico: gutierrezaguilar.ca@gmail.com.
Referencias:
ARTICLE 19 MX-CA (2023, 5 de mayo). Las funciones del INAI no pueden ser absorbidas por otras instituciones, es un órgano central para la protección del derecho a saber de la sociedad. Comunicado. https://articulo19.org/las-funciones-del-inai-no-pueden-ser-absorbidas-por-otras-instituciones-es-un-organo-central-para-la-proteccion-del-derecho-a-saber-de-la-sociedad/
Bravo, J. (2023. 4 de mayo). La transparencia sí ayuda a las personas. Proceso. https://www.proceso.com.mx/opinion/2023/5/4/la-transparencia-si-ayuda-las-personas-306471.html
Fernández, A. (2016, enero-abril). Acceso a la información pública en América Latina: Análisis de su diseño institucional en Chile, Colombia y México (2002-2014). Revista Debates, 10(1), 111-140. DOI: https://doi.org/10.22456/1982-5269.62629
INEGI (2019). Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) 2019. https://www.inegi.org.mx/programas/enaid/2019/
Islas, C. (2021, julio-septiembre). ¿Es importante la autonomía del INAI? Pluralidad y Consenso, 11(49), 62-71. http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/view/743/708
López, S. (2010). El acceso a la información como un derecho fundamental: La reforma al artículo 6o de la Constitución mexicana. Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/12116
Parámetro (2019, noviembre). Encuesta Nacional de Percepción Ciudadana, INAI 2019. (Estudio de opinión cuantitativo cara a cara en vivienda). https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/EstudiosInai/INAI_Para%CC%81metro_2019_V8.pdf
SEP (2017). Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/10933/1/images/Aprendizajes_clave_para_la_educacion_integral.pdf
Serrano, A. (2015, enero-abril). La participación ciudadana en México. Estudios Políticos, 9(34), 93-116. https://www.redalyc.org/pdf/4264/426439555004.pdf